La Audiencia Nacional celebrará desde el 8 de febrero próximo el juicio por el caso de los papeles de Bárcenas, la caja b con la que el PP se financió ilegalmente durante 20 años, según la investigación judicial. El extesorero Luis Bárcenas recogió en un cuaderno de su puño y letra las entradas y salidas de dinero que la formación conservadora nunca declaró a Hacienda y ocultó al Tribunal de Cuentas: hasta ocho millones de euros ingresó el PP en ese tiempo de donaciones de empresarios.

El instructor recuerda en su auto de procesamiento que “sólo quedan exentas [de pagar el impuesto de sociedades] las donaciones que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado, estando por el contrario sujetas a tributación las donaciones que no se adecúen a los requisitos de forma y cuantía establecido por la Ley”. Las donaciones que Bárcenas registró en sus cuadernos superaban los 60.000 euros anuales y procedían de contratistas de la administración pública, dos aspectos expresamente prohibidos por la Ley de Financiación de Partidos. Además, esas donaciones anónimas nunca fueron comunicadas al Tribunal de Cuentas.

El PP dejó de ingresar a la hacienda pública por el ejercicio de 2008 — los anteriores estaban prescritos— 220.167 euros en concepto de impuesto de sociedades por donaciones ilegales de al menos 888.000 euros. Esta fue la cantidad pagada ese año con dinero negro por las obras de la sede de Génova, 13. El delito fiscal, según aclara el juez en su auto, solo es imputable, por el momento en que se produjeron los hechos, al administrador o responsable legal del PP, en este caso a Bárcenas que era su tesorero.

El juez fijó una fianza de 1,2 millones al PP como responsable civil subsidiario, tanto por el Impuesto de Sociedades que no pagó su representante legal, como por el mismo impuesto no pagado por el despacho de arquitectura al que le abonó parte de los trabajos de reforma de la sede con dinero negro.

Los partidos políticos solo pueden ser imputados desde la reforma legal que aprobó el Gobierno del PP en 2012. José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes del PP entre 1990 y 2009 -etapa durante la que se registraron entradas y salidas de dinero opacas al fisco— comparecerán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional.

Rajoy, citado dos veces

Al mismo tiempo que la Audiencia celebrará las sesiones, el Congreso de los Diputados investigará en una comisión el supuesto espionaje ilegal perpetrado desde el ministerio del Interior entre 2013 y 2015 —con Gobierno del PP— al extesorero Luis Bárcenas para robarle las supuestas pruebas que ocultaba de la financiación ilegal del PP. A esa comisión también estará citado Mariano Rajoy, y la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

La comisión, que debe constituirse finalmente el 22 o 29 de diciembre, analizará la financiación ilegal del PP y las maniobras del Ministerio del Interior para ocultar pruebas al juez que investigaba el caso. El PSOE y Unidas Podemos han coincidido en solicitar la comparecencia de quienes fueron máximos responsables del PP —Rajoy y Cospedal— pero también de quién fue el jefe político de la cúpula policial que puso en marcha el espionaje ilegal a Bárcenas. El exministro del Interior Jorge Fernández, que ha negado ante el juez que conociera esa operación policial pagada con fondos reservados, también comparecerá en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Los socialistas barajaron la posibilidad de pedir la comparecencia del actual presidente del PP, Pablo Casado, aunque su responsabilidad en el partido cuando ocurrieron los hechos investigados era menor, pero ahora lo descarta, pese a que esa es una de las peticiones que querrían sus socios de Unidas Podemos. El PSOE tampoco considera oportuno ahora citar en esa sesión en el Congreso al polémico excomisario José Manuel Villarejo.