El debate sobre el encaje de Euskadi en España es una partida de ajedrez que se juega en dos tableros. Por un lado, desde hace varios años está abierta una ponencia en el Parlamento Vasco que, si bien ha funcionado al ralentí, tiene como objetivo final la reforma estatutaria. Por otro, el Gobierno de PNV y PSE-EE ha fijado como “prioridad” para esta legislatura negociar con el Estado el desarrollo pleno del Estatuto de Gernika casi cuatro décadas después de su refrendo popular, especialmente en lo tocante a la transferencia de la Seguridad Social y a la de Prisiones.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, viene repitiendo últimamente que Euskadi no tiene el Estatuto que votó en 1979. Y su portavoz, Josu Erkoreka, ha criticado la incoherencia de quienes se definen como constitucionalistas y estatutistas cuando apelan a la Ley y a la vez no dan cumplimiento pleno al Estatuto, que no es sino una Ley Orgánica de las Cortes Generales.

Urkullu, después de meses de insistencia, logró reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  a mediados de julio. De la cita no salieron concreciones, pero sí una voluntad de diálogo en torno a esas transferencias pendientes. Días después, de hecho, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que es la delegada del Ejecutivo central para la política territorial, telefoneó a Erkoreka, responsable de Autogobierno, para encarrilar una negociación que debería iniciarse a finales de agosto o primeros de septiembre, a la vuelta de las vacaciones.

El Gobierno vasco tiene la “esperanza” de que podrá arrancar un “calendario” para el desarrollo íntegro del Estatuto, similar al logrado por un PNV en la oposición en Euskadi con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y que frustró el adelanto electoral que derivó en la mayoría absoluta del PP. Los negociadores vascos tienen dos bazas a su favor, que el PP continúa necesitando los votos del PNV para la aprobación de los presupuestos de 2018 en el Congreso y que, en contraposición con el independentismo catalán, el nacionalismo moderado vasco está encontrando receptividad en Madrid, como muestran los recientes acuerdos en torno al Concierto y al Cupo, a la Ertzaintza o a las inversiones en infraestructuras. «El entendimiento es lo que produce resultados positivos. Lo otro, lo que propone la Generalitat, es enfrentamiento. Eso no resuelve nada. Lo que se hace entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco es lo que se debe hacer, construir juntos defendiendo los intereses de todos», manifestó el presidente Rajoy en su última visita a Bilbao con motivo de uno de los homenajes a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su asesinato.

Pero, ¿qué parte del Estatuto está pendiente de ser cumplida? En Euskadi, la guía tradicional de referencia la constituye el denominado ‘Informe Zubia’, que data de 1992 y toma el nombre del que fuera consejero de Desarrollo Autonómico Joseba Zubia. El documento recoge las transferencias pendientes y se ha ido actualizando con el paso de los años, entre otras cosas porque se han ido cediendo atribuciones al Gobierno autonómico, como el Inem en 2011. Ahora, en septiembre, el Parlamento conocerá otro informe con el “quántum” del autogobierno no cedido. A falta de ese ‘informe Erkoreka’, en la ‘web’ del Gobierno se actualiza mensualmente el grado de desarrollo del Estatuto y se reivindica que, además de Prisiones y Seguridad Social, las dos grandes transferencias pendientes, hay otras 32 materias que el Estado ha de traspasar a Euskadi, el 24% de los poderes reconocidos en 1979.

Seguridad Social y otros flecos sociolaborales

El Estatuto fija como competencia autonómica la “gestión del régimen económico” de la Seguridad Social, una materia de la que el Estado nunca se ha desprendido antes. ¿Tendrán pensiones diferenciadas los ciudadanos vascos? No según la literalidad de la ley de leyes vasca, que expresamente previene de la ruptura de la unidad del sistema único español (la transferencia se hará « dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad»).

Lo que se atribuye al Gobierno vasco es la posibilidad de asumir los funcionarios, las instalaciones y los pagos de las pensiones y del resto de prestaciones. Es decir, la hucha seguiría siendo del Estado y los vascos seguirían contribuyendo a un sistema común, lo que compensa el déficit millonario entre las cotizaciones vasca y las prestaciones cobradas. A partir de ahí, es una vieja aspiración del PNV ir un paso más allá y crear un sistema diferenciado al modo del Concierto Económico, como ha defendido en incontables ocasiones el exdiputado y ahora asesor del Gobierno Emilio Olabarria. Pero eso queda para el otro tablero de ajedrez, para la ponencia parlamentaria que defina el «nuevo estatus».

Junto a la gestión económica de la Seguridad Social, en el listado de “pendientes” se hallan también la transferencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Igualmente, Euskadi reclama las políticas pasivas de empleo, es decir, el pago de prestaciones por desempleo, la única parte del Inem no transferida en 2011 para la creación de Lanbide tras la cesión de las políticas activas de empleo. Otras competencias sociolaborales, aunque menores, son el régimen especial de trabajadores del mar del Instituto Social de la Marina o los Centros de Investigación y Asistencia Técnica (CIAT) en lo relativo a seguridad e higiene en el trabajo.

Prisiones y elecciones municipales

Técnicamente, la transferencia de Prisiones abarcaría exclusivamente los “centros penitenciarios”. Es decir, pasarían al Departamento de Justicia vasco las cárceles de Zaballa, Martutene y Basauri y el personal que trabaja en ellas (ya hay parte del funcionariado que ha sido transferido). Nuevamente, como con las pensiones, el Estado retendría la capacidad legislativa y la aplicación de la política penitenciaria. En España, sólo Cataluña tiene un sistema de Prisiones propio. Otras transferencias pendientes en el área de la Administración son la posibilidad de gestionar las elecciones municipales y la expedición de permisos de circulación de vehículos, así como la matriculación. También se fija como objetivo el control completo de los servicios de seguridad privada y de Salvamento Marítimo y Protección Civil.

El bloque de las infraestructuras

La Constitución fija como competencia del Estado todas aquellas infraestructuras que sean de “interés general”. El resto pueden ser cedidas a las comunidades autónomas. Euskadi reclama la gestión de puertos, aeropuertos, autopistas y ferrocarriles, si bien en muchos casos sería necesario un acuerdo político. En Euskadi, por ejemplo, no hay aeropuertos que no sean de “interés general”. En ferrocarriles, en cambio, se ha producido recientemente un acuerdo por el cual dos tramos han pasado a ser de titularidad vasca después de que el Estado, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, dejase de considerarlos prioritarios. En otros nueve el Gobierno vasco exige la misma consideración para que Euskadi, como Cataluña, tenga un sistema propio de Cercanías. El de las infraestructuras fue uno de los apartados que más avanzados quedaron en la fallida negociación con el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Euskadi también desea la competencia exclusiva de Meteorología para que no se solapen como ahora los servicios de Euskalmet y de Aemet.

Más competencias de regulación económica

Desde el ‘informe Zubia’, Euskadi reclama más poderes en materia de regulación económica. En concreto, se alude al control del mercado de valores (Bolsa), a las políticas de crédito y banca, a los seguros y a los seguros agrarios y al crédito oficial. En este terreno, en cambio, las previsiones de 1979 han quedado superadas por el ingreso de España en la Unión Europea (1986) y en el euro (2002), pasos que alteraron de raíz las políticas económicas del Estado. El Gobierno reclama, asimismo, poderes en materia de hidrocarburos y energía (el Parlamento no pudo prohibir el ‘fracking’ al ser una prerrogativa estatal). En materia industrial, Euskadi exige la cesión de algunos organismos públicos del Ministerio de Industria, así como “participación” en las sociedades públicas estatales radicadas en la comunidad autónoma. También se demanda la transferencia de regulación de productos farmacéuticos.

Otras materias de escaso impacto económico

El listado de 34 competencias pendientes se completa con otras materias de escasa relevancia económica. Algunas son tan simbólicas como la expedición de los ISBN de los libros (Cataluña ya lo hace), el fondo de protección cinematográfica o los archivos del Estado en suelo vasco. También se alude a los paradores nacionales, al FROM y a la inspección pesquera o a los seguros escolares.