Hace unos días llegó a nuestros oídos la noticia de que, en Francia, a partir del próximo 1 de agosto, el pasaporte sanitario será imprescindible para acceder a centros comerciales, bares y restaurantes, así como para viajar en trenes, autobuses y aviones de largo recorrido.

Es más, también se anunció que el Consejo de Ministros francés aprobará un proyecto de ley para convertir en obligatoria la vacunación contra el covid, una obligación que ya existe en dicho país para el personal sanitario.

Se trata, sin duda, de dos medidas muy controvertidas. Aunque la primera carecería de sentido si finalmente se aprueba la segunda.

La pandemia del covid ha causado terribles estragos en todo el mundo. A las cifras me remito. Eso es indiscutible. Como también lo es la gravedad del virus y la consiguiente necesidad de incrementar el porcentaje de población vacunada. Sólo así podrán reducirse sus efectos.

La vacunación, por tanto, es esencial y urgente para la vuelta a la normalidad. Y cualquier medida que se adopte por los poderes públicos para concienciar a la población de este hecho debe ser aplaudida.

Concienciación y responsabilidad. Éstas son, a mi juicio, las dos ideas sobre las que ha de orbitar todo el sistema.

En nuestro país, por fortuna, esto funciona. Los datos que diariamente son comunicados por el Ministerio de Sanidad lo demuestran. La campaña de vacunación en España marcha a un ritmo bastante superior al de otros países de la Unión Europea, a diferencia de lo que ocurre en Francia. Un mérito éste que no sólo hemos de atribuir al Ministerio y a las Comunidades Autónomas, sino también al compromiso de los ciudadanos con la salud, tanto propia como ajena. Si todo continúa así, en agosto alcanzaremos la ansiada inmunidad de grupo.

Pero, ¿y si no lo hace? ¿Y si llega un momento en que la vacunación se estanca porque, aun existiendo vacunas disponibles, un porcentaje de la población no desea vacunarse? ¿Podría el Gobierno adoptar una medida como la que ha anunciado el Ejecutivo de Macron?

Nadie desea llegar a este punto. Todos confiamos en que la vacunación continuará hasta lograr los objetivos propuestos. Sin embargo, si se diera el caso, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la mano, entiendo que la respuesta a la última pregunta debe ser negativa.

¿Por qué? Porque, en consonancia con lo declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la interpretación que el Tribunal Constitucional ha realizado del derecho fundamental a la integridad física no lo permite.

Este derecho, reconocido en el artículo 15 de la Constitución, implica que cualquier actuación que afecte a la integridad personal ha de ser consentida por el sujeto titular del derecho o ser constitucionalmente justificada. Es decir, que todo tratamiento médico (entre ellos, las vacunas) no consentido, vulnera, en principio, dicho derecho fundamental. De ahí el llamado “consentimiento informado” que todo paciente debe prestar para poder ser sometido a un tratamiento.

A ello se refiere también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando dice que, en el marco de la medicina y la biología, se respetará el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate.

E igualmente el Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, ratificado por España, que, junto a la declaración de que toda persona, antes de prestar su consentimiento, deberá recibir previamente una información adecuada acerca de los riesgos y consecuencias de la intervención médica, precisa que “el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia”.

Con base en esta legislación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en reiteradas ocasiones a varios Estados por llevar a cabo tratamientos médicos sin el consentimiento del paciente o, en su defecto, sin la preceptiva autorización judicial. Algo que es de prever que ocurra con la legislación francesa que impone la vacunación obligatoria, en caso de que llegue a aprobarse.

Toda persona tiene derecho a oponerse a un tratamiento médico. Ello en ejercicio de un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal. Y, por tanto, toda persona puede negarse a ser vacunada, del covid o de otro virus, por cualquier razón, ya sea por miedo a sufrir unos supuestos efectos secundarios, porque no confíe en la efectividad de la vacuna o simplemente porque, sin más explicaciones, no desee hacerlo.

En resumen, la vacunación obligatoria, a mi juicio, no es la vía.

El camino tiene que ser dual. Y ha de fundamentarse en dos pilares: la concienciación por parte de los poderes públicos y la responsabilidad de todos para con la salud colectiva.

Trabajemos juntos para conseguirlo. Y vacunémonos pronto, no porque nos lo impongan, sino porque nosotros mismos, libres y responsables, lo asumamos como necesario.