Ningún derecho fundamental es absoluto. Todos pueden limitarse en determinadas circunstancias, siempre y cuando esta limitación se realice mediante ley y, además, respete el contenido esencial del derecho. Un concepto este último que, según el Tribunal Constitucional, debe entenderse como aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como tal y sin las cuales se convertiría en impracticable.

Imagínense que la Constitución les reconociera un derecho cualquiera. Y que luego, el Poder Legislativo aprobase una ley que lo restringiera tanto que hiciese prácticamente imposible su ejercicio; o que lo despojara de tal manera de protección que ningún ciudadano tuviera posibilidad de exigir su cumplimiento.

¿Tendrían ustedes un derecho? Sobre el papel, sin duda. ¿En la realidad? Permítanme que lo dude.

Es precisamente este dilema el que me ha asaltado durante las últimas semanas cuando he leído las noticias que nos han ido llegando desde Europa. Francia ha impuesto el pasaporte Covid para poder acceder a restaurantes, bares y centros comerciales. Portugal ha hecho lo mismo y lo ha extendido también a los hoteles. E Italia ha ido incluso más lejos y lo exige para acceder a los centros educativos y, a partir de septiembre, para viajar en trenes, autobuses, barcos y aviones de largo recorrido.

De entre todas las resoluciones dictadas, resulta muy interesante la emanada del alto tribunal andaluz, que señala que una medida como la citada afecta al derecho a la intimidad, al tener que mostrar datos sensibles relacionados con la salud, y al derecho a la no discriminación, puesto que se establece un trato diferenciado para el acceso a los locales basado en la posesión o no de un certificado.

En cuanto al primero de estos derechos, la intimidad, comprende el derecho a la confidencialidad de los datos relativos a las creencias, filiación, orientación sexual y, por supuesto, la salud. En otras palabras, nadie puede obligar a otro a declarar sobre su estado de salud, si padece una determinada enfermedad o si toma alguna medicación.

Y sobre el segundo, el derecho a la no discriminación, no es otra cosa que una manifestación del derecho a la igualdad, que impide cualquier trato discriminatorio por razón de raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, entre ellas, la salud.

A mi juicio, en línea con lo señalado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el pasaporte Covid vulnera ambos derechos.

Pero es que, además, adolece de muchas dificultades prácticas. En primer lugar, hay personas que, por motivos de salud, que no están obligadas a declarar, no pueden vacunarse. Por ejemplo, pacientes con ciertos tipos de cáncer, con inmunodeficiencias o personas con alergia grave a algún componente de la vacuna. O, en segundo lugar, hasta ahora no es posible inocular ninguna vacuna a los niños menores de 12 años.

¿Quiere esto decir que ni los pacientes de estos tipos de cáncer ni los niños podrán acceder a un restaurante o a un museo?

Algunos dirán que sí, siempre que presenten una PCR o un test de antígenos negativo. Y yo me pregunto, ¿acaso pretende el Ejecutivo que estas personas, por el simple hecho de no poder objetivamente vacunarse, se realicen hasta quince pruebas al mes? ¿Quién habrá de abonar su coste? ¿Ellos? ¿Las personas con inmunodeficiencias y los padres de los niños menores de 12 años tendrán que pagar cientos de euros al mes a laboratorios privados? Una medida nada social, impropia de gobiernos progresistas.

¿Y si no pueden porque no llegan a fin de mes? Involuntariamente me viene a la memoria aquella imagen invernal de dos niños famélicos tocando a la ventana de una casa mientras una familia come caliente en el interior. Cuento de Navidad, de Charles Dickens. O Santiago de Compostela en alerta 3.

La implantación del pasaporte Covid me preocupa. Y mucho. Porque, una vez que se ha conseguido imponer un requisito sanitario para el desarrollo de determinadas actividades, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Dónde situaremos el límite? ¿Cuál será el siguiente colectivo al que se le privará de sus derechos más fundamentales? ¿Serán las personas con VIH? ¿O serán quienes simplemente tengan un resfriado común? Un poco de tos y todos se nos echarán encima. Nos pondrán en cuarenta. Y no podremos salir de casa hasta que estemos sanos.

Sólo los “sanos” podrán circular, viajar, entrar en restaurantes, alojarse en hoteles. En resumen, sólo los “sanos” podrán vivir. Los enfermos, no. Los enfermos no tendrán derecho.

La igualdad y la intimidad están en juego. No renunciemos a nuestros derechos.