Actualizado: 08/08/2015 11:23 horas

El Gobierno del PNV, simbólicamente, promovió la supresión de la festividad 25 de octubre como Día de Euskadi, medida apoyada también por la izquierda abertzale. Es el aniversario de la aprobación del Estatuto de autonomía del País Vasco, el de Gernika, y pasó a ser una jornada marcada en rojo en el calendiario en una de las primeras medidas en la etapa del único lehendakari constitucionalista, el socialista Patxi López. «Hoy el Estatuto sigue incumplido. El contencioso vasco se hace actualmente visible en la desnaturalización del Estatuto», enfatizó el hoy lehendakari, Iñigo Urkullu, en la campaña electoral de 2012, en la que hizo de la reivindicación de un «nuevo estatus» o superación del actual marco de autogobierno una de sus prioridades políticas para la legislatura.

A la vuelta del verano, la ponencia del Parlamento Vasco impulsada por el PNV para abordar precisamente esa «actualización» del encaje del País Vasco en España iniciará una fase decisiva. El Gobierno de Urkullu cuenta ya con un informe detallado sobre las «transferencias pendientes», es decir, sobre el grado de incumplimiento del Estatuto de Autonomía de 1979.

Se trata de un documento (cuya última revisión se hizo el 1 de agosto de 2015 y está disponible en Internet) realizado sobre la base del conocido como Informe Zubia, un trabajo elaborado hace más de 20 años por el jeltzale Joseba Zubia, senador hasta 2012. Su conclusión es que son todavía 35 las competencias recogidas en el Estatuto que el Estado no habría cedido al Gobierno autonómico. De un total de 144, representarían el 24%, aunque cualitativamente no tienen ese peso específico.

Las debes más importantes que el PNV aprecia en el cumplimiento del Estatuto son los relativos a Prisiones y Seguridad Social. La cesión de ambas reivindicaciones clásicas del nacionalismo ha sido rechazada de manera sistemática por el Gobierno central. En el primer caso, sólo Cataluña gestiona las cárceles de su territorio y la necesidad de implementar una política penitenciaria común con los presos de ETA ha frenado cualquier negociación con el País Vasco. En el segundo caso, el de la Seguridad Social, choca el deseo del Estado de preservar una caja única –que todas las cotizaciones de los trabajadores españoles vayan a la misma hucha y que de ahí se paguen todas las pensiones y prestaciones– con la letra del Estatuto, que prevé que la comunidad autónoma gestione el «régimen económico» de la Seguridad Social.

Portavoces de Presidencia del Gobierno vasco enfatizan que el final de ETA abre un nuevo escenario que debería engrasar la transferencia de Prisiones. En cuanto a la Seguridad Social, explican que podría articularse un sistema similar al del IVA. «Los tipos los marca el Estado y se recauda aquí. La transferencia sería sólo de la gestión y no debería ser extraordinariamente complicada», defienden estas mismas fuentes.

Esta semana el Ejecutivo del PNV ha anunciado también un recurso al Tribunal Constitucional contra el catálogo de líneas de ferrocarril de interés general que se reserva el Estado para su gestión. El País Vasco entiende que el Gobierno del PP se excede al incluir en la red nacional servicios internos de la comunidad autónoma.

En efecto, la competencia de ferrocarriles también se fija como «pendiente» (aunque existe ya Euskotren), así como las de aeropuertos, puertos y autopistas. El Gobierno también reclama Salvamento Marítimo, el Inem (el abono de las prestaciones de paro sigue siendo competencia estatal) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El listado hasta 35 competencias incluye otros asuntos menores como cine, seguros o Paradores Nacionales.

El Ejecutivo, asimismo, alerta de otro tipo más sutil de incumplimientos. «Hay un montón de legislación básica que te va recortando las competencias de educación o sanidad, que ya son tuyas», argumenta.

«No se puede comparar la envergadura de las competencias pendientes con las transferidas. El número será relevante pero son de escasa importancia salvo algunas excepciones», indica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco(UPV/EHU) Javier Tajadura. Además, incide en que negociar algunas materias como la Seguridad Social es un «callejón sin salida» porque choca la redacción del Estatuto con el principio constitucionalizado de caja única. «El problema es que vivimos en un Estado de duplicidades. No pasa en ningún otro país del mundo: las competencias de las regiones, sean muchas o pocas, siempre están claramente recogidas», señala Tajadura.

En todo caso, puntualiza: «Me atrevería a decir que, aún con esas transferencias pendientes, el País Vasco es la región del mundo con más autonomía. Es difícil hablar en derecho comparado de algo así. Ni los länder alemanes ni los estados de EEUU». El elemento diferenciador, opina Tajadura, es el Concierto Económico y a las amplias facultades financieras que le otorga.

El documento incorpora también la fecha en la que se han ido transfiriendo a la Administración autonómica las sucesivas competencias y servicios. Son un total de 109 decretos que regulan materias como la sanidad, la educación, la seguridad (Ertzaintza) o, la más importante de los últimos tiempos, las políticas activas de empleo (Lanbide).

Tres competencias son previas al propio Estatuto y se cerraron en tiempos del denominado Consejo General Vasco. Evidentemente, los primeros años fueron los más intensos con un pico de 22 traspasos en 1985. Tras ese año, el impulso al autogobierno ha venido más bien vinculado a los pactos del PNV con el Gobierno español de turno. El acuerdo con José María Aznar impulsó 6 transferencias en 1996 y en 2011, con un José Luis Rodríguez Zapatero necesitado de apoyos en la bancada nacionalista, se lograron 11 nuevas competencias, entre ellas la de Lanbide y en medio de la polémica.

En ese año se cerraron los últimos acuerdos para el desarrollo del Estatuto. Iñigo Urkullu es el único lehendakari con el que no ha habido avances. «El lehendakari logró todo lo que logró siendo presidente del Euzkadi Buru Batzar con sus acuerdos con Zapatero. Fue el mayor salto en 15 años», quieren puntualizar desde su entorno.

De cara al «nuevo estatus», aunque formalmente el Gobierno concede la última palabra al documento que puedan consensuar los partidos en el Parlamento, el PNV ve imprescindible introducir el concepto de «bilateralidad efectiva». «Los incumplimientos se deben a la unilateralidad [a favor del Estado]. Un Estatuto sin garantía de bilateralidad efectiva es papel mojado», enfatizan en el entorno de Urkullu.